El Tribunal Supremo ha declarado nulos los artículos del Real Decreto 574/2023 que limitaban el acceso a ayudas para los afectados por la talidomida, que causó graves malformaciones en miles de personas en el pasado. Este avance, celebrado por la Asociación Andaluza de Afectados (A3t), representa un paso crucial hacia la justicia para un colectivo que lleva décadas luchando por su reconocimiento.
Cambios en los requisitos administrativos
La principal barrera para los afectados era la exigencia de un nuevo certificado emitido por el Instituto de Salud Carlos III, que dejaba fuera las acreditaciones previamente otorgadas. Esta decisión afectó especialmente a comunidades como Andalucía, donde el IMSERSO ya había reconocido oficialmente a muchos afectados. La sentencia elimina esta duplicidad de requisitos, facilitando el acceso a las ayudas.
Una indemnización sin precedentes
Entre las victorias más destacadas se encuentra el caso de una mujer que ha recibido una compensación económica de 1.092.000 euros, una cifra que marca un antes y un después en la lucha de las víctimas. Este resultado subraya la importancia de las decisiones judiciales en corregir las injusticias sufridas por el colectivo.
El presidente de A3t, José Enrique García Rodríguez, destaca que este caso es una muestra del impacto positivo que pueden tener las sentencias favorables. Sin embargo, insiste en que las instituciones deben actuar de manera más ágil para implementar estos cambios.
Desafíos presupuestarios y de gestión
Uno de los principales problemas señalados por las asociaciones es la insuficiencia del presupuesto destinado a cubrir las necesidades de los afectados. Según García Rodríguez, los recursos asignados no se ajustan al número real de personas que requieren ayuda ni a la gravedad de sus discapacidades. Esto ha generado una situación de incertidumbre en la que muchas familias no pueden afrontar los gastos derivados de su situación.
Por otro lado, los afectados denuncian un trato administrativo deshumanizado. Los expedientes rechazados carecen de explicaciones claras y no se ofrecen alternativas, dejando a las personas sin opciones para avanzar en su proceso.
Un llamado a la acción
Desde la asociación, se reclama una actuación proactiva por parte del Gobierno para garantizar que las ayudas lleguen a todos los afectados. Además, exigen que se revisen los casos previamente rechazados para evitar que estas personas sigan dependiendo exclusivamente de sentencias judiciales para acceder a sus derechos.
La problemática afecta a víctimas en todo el territorio nacional, quienes también solicitan que las instituciones sean más transparentes y sensibles en su trato hacia las familias afectadas.
Esperanzas para el futuro
A pesar de las dificultades, las recientes decisiones judiciales han renovado la esperanza entre los afectados. El camino hacia una solución definitiva aún es largo, pero los avances legales representan un paso significativo. El colectivo sigue luchando por el reconocimiento pleno de sus derechos, confiando en que estas victorias sean el inicio de un cambio estructural.
